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El dictamen jurídico administrativo no tiene, en nuestro país, una regulación sustancial. Y so pretexto de su nota de no vinculatoriedad, el ambiente jurídico todavía relativiza su valor, aun en los supuestos en que la ley lo torna taxativamente obligatorio.
A pesar de ello, el dictamen jurídico está muy lejos de ser una figura inocua en la administración de un Estado, hallándose, por el contrario, en el corazón mismo de la función administrativa. Por tanto, la genuina consideración de su importancia no se logra exigiendo su ¿mera existencia¿ previa al dictado de aquellos actos administrativos que lo requieren ¿lo que ya es una clara imposición legal¿, sino recién al constatar que concurren en él todos los recaudos, evaluados por el autor bajo el prisma del acto administrativo, que lo convierten en un verdadero acto jurídico de asesoramiento legal.
